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Jueves, 30 de Noviembre de 2017
La cuenta regresiva para la consulta arranca

Los decretos 229 y 230 que entregó ayer el presidente Lenín Moreno al CNE se sustentan en el silencio de la Corte Constitucional. Además coincidieron con la fecha de renovación parcial del poder electoral, que no se daría porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no realiza el concurso por lo que no hay quién reemplace a sus miembros. El panorama político se agitó ayer desde la mañana. El presidente de la República, Lenín Moreno, emitió dos decretos ejecutivos, el 229 y el 230, para notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta popular y referendo. La acción causó sorpresa. Al mismo tiempo que se desarrollaba en la Corte Constitucional (CC), la audiencia pública por las preguntas sobre la derogación de la Ley de Plusvalía y la posibilidad de ampliar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, el Gobierno emitía los decretos ejecutivos. La jueza de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana, tenía previsto tratar, el 5 de diciembre, la resolución a la que llegó sobre cinco preguntas de la consulta popular que le fueron sorteadas. Sin embargo, el artículo 105 de la ley mencionada y que sustenta los decretos presidenciales, establece que la Corte tiene 20 días, desde el sorteo y asignación del caso a un juez, para establecer la constitucionalidad de las preguntas. Las 7 interrogantes fueron entregadas por el Ejecutivo el pasado 2 de octubre y ese día el organismo avocó conocimiento para las 5 preguntas y 3 días más tarde lo hizo con dos más, que son para el referendo. El Mandatario, durante su espacio El Gobierno Informa del pasado 20 de noviembre, a pesar de que ya había transcurrido el plazo para la respuesta de la CC, dijo que valora y reconoce “positivamente” lo que la Corte había hecho hasta ese momento. El Jefe de Estado dijo aquella vez que los jueces constitucionales están en la “obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía”. “Vamos por un Sí rotundo”, enfatizó ayer el Mandatario a través de su cuenta de Twitter. Con la acción, el organismo electoral conocerá hoy el contenido de los decretos. Además tendrá, según lo dictamina la ley, 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que deberá efectuarse máximo 60 días después de la convocatoria. Comitiva acudió al CNE Fausto Holguín, secretario del CNE, estuvo de un lado a otro: organizó en 45 minutos el espacio para recibir a la comitiva de Gobierno que llegó cerca del mediodía desde el Palacio de Carondelet. La delegación del Ejecutivo estaba encabezada por Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia; la vicepresidenta (e) María Alejandra Vicuña; y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas. Holguín fue el único funcionario del CNE en recibirlos y, por consiguiente, al que se le entregó el documento. Allí Pesántez resaltó que al haber transcurrido más de los 20 días de plazo previstos en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, “se entiende que se ha emitido un dictamen favorable”. Por eso pidió que la convocatoria a pleno del organismo electoral se realice inmediatamente. Los decretos 229 y 230 según ella permiten “recuperar el espíritu de Montecristi” y eliminar los “vicios” que se han generado. Además puso como antecedente lo sucedido en 2011, cuando el expresidente de la República, Rafael Correa, convocó a consulta popular el tema de La Concordia, luego de que también la Corte Constitucional no emitiera en aquella ocasión el dictamen respectivo. Por eso resaltó una vez más que la decisión del Ejecutivo deja sin efecto cualquier actuación de la Corte. En cambio, Vicuña manifestó que Moreno actuó de forma sensata con la ciudadanía, ya que “ha sido sensible y responsable acogiendo un clamor ciudadano, en el marco de la ley y la jurisprudencia”. Agregó que “no solo que está apegado a derecho, sino que efectivamente es una respuesta responsable del Presidente a una exigencia ciudadana”. Ala correísta aduce golpe Las reacciones fueron inmediatas, sobre todo por parte del grupo afín al  exmandatario Rafael Correa, que incluso anunció el inicio de acciones legales y políticas para que se respete el ordenamiento jurídico. Asimismo, advirtieron que los decretos ejecutivos 229 y 230 son ilegales e inconstitucionales. Enfatizaron que la acción es un “golpe constitucional” y que Moreno pasó por alto el Estado de derecho. Pamela Aguirre, parlamentaria Andina, manifestó que el artículo 145 del Código de la Democracia establece que el CNE podrá convocar a consulta siempre y cuando tenga el dictamen previo de la Corte Constitucional. (I)

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

         
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